El Gobierno culmina el ataque al derecho al trabajo: despenaliza los piquetes violentos

El Gobierno ha culminado este jueves su intromisión en el derecho de los trabajadores a no hacer huelga, despenalizando los piquetes violentos. El PSOE ha defendido en el Congreso la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, que establece que «quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses».

La diputada socialista Andrea Fernández ha señalado que la derogación es «una de las deudas históricas con el sindicalismo», pero ha obviado el derecho al trabajo. El Gobierno ha aumentado este año un 56% las subvenciones a los sindicatos. La parlamentaria se ha dedicado a atacar a PP y Vox, partidos críticos con esta iniciativa, que el PSOE pretende tener lista antes del 1 de mayo.

Desde Podemos, Aina Vidal se ha definido como «orgullosa piquetera» y ha opinado que «una huelga es solidaridad y esperanza». La diputada ha acusado a los ‘populares’ de «criminalizar» este derecho y ha señalado que el artículo es «anacrónico».

Rechazo de PP y Vox

«España necesita trabajo, ley y orden», han advertido, por su parte, desde Vox. El diputado Juan José Aizcorbe ha avisado de que «la propuesta puede traer consecuencias indeseables sesgando la libertad de los trabajadores». Es «barra libre para que algunos liberados coaccionen el derecho al trabajo, y eso no se puede tolerar», ha señalado.

El partido de Santiago Abascal ha reprochado que los intereses de «sindicatos de clase ebrios de luchas fraticidas» son «contrarios al interés común de la sociedad» y ha avisado de que, con «España al borde de la eclosión del conflicto social» el Gobierno «pretende dejar impune la violencia en la que la izquierda se mueve cómodamente».

Jaime de Olano, del Partido Popular, se ha preguntado si «el papel de los sindicatos es coaccionar a los trabajadores» y ha recordado que el Código Penal aprobado por el gobierno del PSOE, de 1995, imponía penas aún más duras por este comportamiento, que fueron suavizadas en la reforma llevada a cabo después por el PP.

«Estamos inmersos en una crisis pavorosa. Ustedes que tanto dicen escuchar a la calle tienen miedo a la calle, a la reacción de los trabajadores ante su manifiesta incompetencia y necesitan comprar la paz social», ha señalado Olano. «Para pagar porque no se perturbe el sueño de Pedro Sánchez, lo que haga falta», ha ironizado.

Desde el PP se han recordado los disturbios violentos en las calles españoles de las últimas semanas, alentados desde Podemos, y  se ha acusado al Gobierno de «aprobar una suerte de amnistía encubierta para los violentos». «Está en peligro la libertad», ha advertido el diputado.

El derecho a la huelga viene recogido en el artículo 28.2 de la Constitución Española que dice: “Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad”.

Pero la Constitución Española también reconoce el derecho a trabajar en el artículo 35: «Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo».